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MADRID, 5 abr (Reuters) – España está planificando una autoridad de protección al consumidor que tiene como objetivo garantizar que los bancos y otras instituciones financieras cumplan con las obligaciones hacia los clientes, respondiendo a las denuncias de préstamos hipotecarios desleales y exclusión financiera, particularmente de las personas mayores.
La ministra de Economía, Nadia Calvino, reconoció que un cambio hacia la banca en línea que se aceleró durante la pandemia había dejado a una parte de la población más expuesta a la exclusión financiera.
«(Servicios financieros) es el área con mayor número de quejas de los ciudadanos, y que tiene un grado de litigio muy alto», dijo Calvino en rueda de prensa.
La nueva autoridad, cuya creación se recoge en un proyecto de ley, aglutinará las funciones que antes ejercían el Banco de España, la CNMV supervisora y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Asumirá las responsabilidades de dichos organismos en la regulación de entidades financieras, sociedades de inversión, sociedades de pago y las denominadas fintechs o proveedoras de criptoactivos.
En España, los códigos de buenas prácticas han tenido un éxito mixto en el pasado, como en el caso de los contratos hipotecarios, en los que se dio margen a los prestamistas para renegociar directamente las condiciones con los clientes. Las reclamaciones hipotecarias siguen representando la mayor parte de las presentadas ante el Banco de España.
La autoridad independiente del defensor del cliente financiero estará bajo el paraguas del Ministerio de Economía y será gratuita para los clientes financieros. Se financiará a través de una tarifa estimada en 250 euros (273 dólares), que se cobrará a la firma financiera involucrada, por cada denuncia aceptada.
Aún no se ha fijado un cronograma para el avance del proyecto de ley o la creación de la nueva autoridad.
($1 = 0,9156 euros)
Información de Jesús Aguado; Editado por David Holmes
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