El presidente de Chile ha sido acusado de “crímenes de lesa humanidad”.

La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos ha presentado un resumen ante la Corte Penal Internacional de Chile, incluido el presidente en funciones, Sebastián Pinara, y ex funcionarios civiles, militares y policiales acusados ​​de crímenes contra la humanidad. La demanda fue presentada por el gobierno de extrema derecha del presidente Ivan Duke en medio de la brutal represión del estado policial contra los levantamientos populares en Colombia, luego de la despiadada represión del gobierno de Pinara contra las protestas masivas en 2019.

Rodeado de soldados, Sebastián Piñera firma la Orden de Emergencia de 2019 (Crédito: Presidencia de Chile)

El ex juez español Baltazar Carson, la Comisión de Derechos Humanos de Chile (CHDH), la Asociación Estadounidense de Juristas (AAJ) y el Centro de Ricerca et eloborgion per la Democracia (CRED) fueron algunos de los detenidos la semana pasada. C envió el resumen al Fiscal General Fadu Benzouda. La siguiente etapa es que el abogado Benzouda determine si se encuentra dentro de la jurisdicción de la CPI, si hubo crímenes de lesa humanidad y si existen motivos para aceptar la apelación, que, según los abogados correspondientes, tomará varios años.

En su resumen de 141 páginas, los demandantes piden a la CPI que “inicie una investigación y presente una acusación” y una investigación “generalizada y sistemática” contra el Presidente y otros funcionarios públicos, políticos y policiales de la República de Chile. Ataques a población civil “En todo el territorio nacional de la República de Chile, ocurridos desde el 6 de octubre de 2019 hasta la actualidad, los consideramos crímenes de lesa humanidad”.

Los imputados son el presidente de extrema derecha Sebastián Piñera, el ex y actual ministro del Interior Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Vector Pérez y el ex subsecretario de Gobernación Rodrigo Upila, el actual subsecretario de Gobernación Juan Francisco Galli, el exsecretario de Defensa, Alberto Espina , y el General Carabina Desports, la Policía Nacional militarizada de Chile, Mario Rosas y el actual Director General Ricardo Yies y el Alcalde Regional Metropolitano, Felipe Guevara.

El documento explica que el gobierno de Pinara ha seguido una política de represión estatal desde sus inicios: “Este es el dominio para enfrentar las demandas de los derechos del pueblo como declaración de guerra civil, suspender las garantías constitucionales y colocar a los militares en las calles, así preparándose para los peores crímenes de Estado. “

Las brutales acciones policiales no fueron aisladas ni independientes entre sí, sino que formaron parte de un plan dirigido a llevar a cabo un ataque organizado, masivo, integral y sistemático contra la población civil, con el objetivo de exponer la disidencia, incluidas las demandas sociales, y la intimidación política.

El gobierno continuó con esta política a pesar de la renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una agencia gubernamental autónoma; La Procuraduría General de la República, un colegio de abogados autónomo que interviene en el poder judicial chileno; Y la Dirección de Investigaciones de la Corte Suprema (todos los cuales están obligados a informar al Gobierno sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por organismos gubernamentales).

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Inicialmente, el gobierno ignoró los informes y recomendaciones presentados por organizaciones de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales que enumeran violaciones contra miles de manifestantes, periodistas, reporteros y fotógrafos, activistas de derechos humanos y trabajadores de la salud, negando que su mano represiva haya hecho algo “más probable para hacer El crimen “más” posible “. Sólo reconocer las acciones, y hasta el día de hoy promover las acciones de Carabineros y del Alto Mando.

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